La llegada de José Antonio Kast al Gobierno de Chile abre un debate que va más allá del resultado electoral. No se trata solo de un giro ideológico, sino de una oportunidad —y una exigencia— para diferenciar con rigor entre derecha democrática y extrema derecha. La confusión entre ambos conceptos ha empobrecido el análisis político en América Latina y ha contribuido a lecturas simplistas que no ayudan a entender lo que está en juego en un país con una tradición institucional sólida como Chile.
Desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, Chile construyó una democracia basada en la alternancia, el respeto a las reglas y la vigencia de contrapesos.
Gobiernos de centroizquierda y centroderecha se sucedieron sin rupturas institucionales, incluso en contextos de alta conflictividad social. Esa experiencia distingue a Chile de buena parte de la región y explica por qué el triunfo de Kast no puede leerse automáticamente como una deriva autoritaria. La pregunta central no es si la derecha llegó al poder —algo habitual en democracias sanas—, sino qué tipo de derecha lo hizo y cómo se comportará frente a las instituciones.
La derecha democrática, presente históricamente en Chile, ha sido parte del consenso posdictadura: aceptó la Constitución, el sistema electoral, la independencia de poderes y los derechos fundamentales. La extrema derecha, en cambio, suele tensionar esos consensos, relativizar garantías y apelar a discursos de orden que, en contextos frágiles, pueden erosionar libertades.
Kast llega al poder por la vía electoral y en un sistema que impone límites claros. Su Gobierno será, por tanto, una prueba para la fortaleza de esas barreras institucionales más que una ruptura en sí misma.
Este matiz es clave en un momento en que América Latina atraviesa un reacomodo ideológico. El mapa regional de diciembre de 2025 muestra movimientos pendulares: Chile y Argentina giraron hacia opciones mucho más conservadoras; Brasil, Colombia y Uruguay hicieron el recorrido inverso; otros países mantuvieron su signo político.
Pero no todos los giros a la derecha son equivalentes ni todas las izquierdas responden al mismo modelo. Equiparar a Kast con experiencias autoritarias o populistas de la región impide un análisis serio y refuerza la polarización.
La región ofrece ejemplos claros de esas diferencias. En Venezuela, Nicaragua y Cuba no gobierna una izquierda democrática, sino regímenes que concentran poder, anulan elecciones competitivas y restringen libertades.
Esos modelos fracasaron económica y socialmente, y su desgaste ha contaminado el discurso de la izquierda regional. Del otro lado, la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil mostró que una derecha que coquetea con el autoritarismo, el negacionismo institucional y la confrontación permanente también termina debilitando la democracia y generando rechazo social.
Entre esos extremos, existen derechas e izquierdas que gobiernan dentro del marco democrático, con aciertos y errores, pero respetando reglas básicas. Uruguay, Costa Rica, República Dominicana o incluso Paraguay muestran que la estabilidad no depende del color ideológico, sino del compromiso con las instituciones. Chile pertenece a ese grupo de países donde el sistema ha demostrado resiliencia, y esa resiliencia será ahora puesta a prueba.
El desafío para el Gobierno de Kast no será ideológico, sino institucional. Deberá demostrar que puede gobernar sin cruzar líneas rojas, sin debilitar contrapesos y sin convertir la seguridad o la economía en excusas para restringir derechos.
Al mismo tiempo, la oposición chilena enfrenta su propio reto: ejercer control político firme sin desconocer el mandato democrático ni caer en alarmismos que erosionen la confianza en el sistema.
La distinción entre derecha y extrema derecha también es una advertencia para el resto de América Latina. No toda alternancia implica retroceso democrático, como tampoco toda agenda progresista garantiza respeto a las libertades. El verdadero eje divisorio hoy no es izquierda versus derecha, sino democracia versus autoritarismo. En ese terreno, Chile parte con ventaja frente a otros países de la región, pero no está blindado.
Lo que ocurra en los próximos años será observado con atención. Si las instituciones chilenas logran encauzar este giro sin sobresaltos, el país volverá a confirmar que la democracia puede absorber cambios profundos sin romperse. Si, en cambio, se difuminan los límites entre gobernar y desbordar el poder, el caso chileno dejará de ser una excepción regional.
Chile no enfrenta una disyuntiva ideológica, sino una prueba de madurez democrática. Y esa prueba exige precisión conceptual, menos etiquetas automáticas y más vigilancia cívica. Distinguir entre derecha y extrema derecha no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para entender el presente político de América Latina y para defender, con rigor, aquello que realmente está en riesgo.
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