El año 2025 concluye con una sensación amarga para la mayoría de los ecuatorianos. Un periodo que, a pesar de las promesas de campaña, se perfila como un año reprobado para la gestión gubernamental. Lejos de enderezar el rumbo, el análisis de los resultados económicos, sociales y de seguridad revela una profunda degradación de las condiciones de vida, marcada por la incapacidad de liderazgo y la falta de una estrategia integral.
Las cifras macroeconómicas celebradas por el Gobierno, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), han demostrado ser estériles e insostenibles para los sectores más vulnerables. La realidad cotidiana de los hogares se ve golpeada por la profundización de las desigualdades.
A pesar de que la tasa de desempleo en junio de 2025 se situó alrededor del 3.5%, la tasa de empleo adecuado apenas superó el 35.9% (INEC, junio 2025), lo que significa que más de la mitad de la población ocupada permanece en el sector informal o en condiciones precarias. Este repunte del subempleo, combinado con la elevación constante de los costos de bienes de consumo esenciales, ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias.
La salud y la educación, pilares del desarrollo social, continúan en una crisis severa. La falta de medicinas e insumos, sumada a la precaria atención médica en la seguridad social, refleja la reducción de asignaciones presupuestarias y una gestión administrativa ineficiente.
En materia de seguridad, el país ha retrocedido a niveles alarmantes, evidenciando el fracaso rotundo de las acciones implementadas. El crecimiento rampante de la delincuencia organizada se ha traducido en un aumento descontrolado de los asesinatos. Con una tasa que alcanzó los 48 homicidios por cada 100 000 habitantes para septiembre de 2025, el año se encamina a superar los récords históricos de violencia, impulsado por el narcotráfico y la crisis carcelaria.
La falta de control en puertos y fronteras ha convertido a la geografía nacional en una plataforma logística clave para el narcotráfico internacional, con droga oculta en exportaciones de bienes. La delincuencia ha demostrado tener la iniciativa, mientras el Estado sigue sin una respuesta efectiva.
La corrupción ha sido otro cáncer que ha proliferado sin contención, especialmente en los procesos de contratación pública de dependencias clave. El Gobierno ha mostrado una sorprendente falta de voluntad política para utilizar los innumerables mecanismos legales disponibles para la prevención y el control de ilícitos.
Más preocupante aún es la actuación de los organismos de control y la justicia. Si bien se registran casos de alto perfil como el de Sinohydro, la sensación generalizada es de tardanza e ineficiencia. La Contraloría General del Estado parece, a menudo, actuar de manera reactiva y no preventiva, interviniendo solo cuando ya han surgido los escándalos, con resultados que se enfocan en mandos medios. Se deja en la impunidad a los verdaderos autores y beneficiarios de la apropiación de fondos públicos. La justicia, con desempeños que no favorecen la aplicación de las normas, cierra este círculo perverso.
El principal reproche recae sobre el Poder Ejecutivo. El incumplimiento de las ofertas de campaña ha sido superado por una evidente incapacidad de liderazgo. La conducción del país ha carecido de una estrategia integral clara, respaldada por un equipo de trabajo conocedor de la realidad social y comprometido con las causas nacionales.
La consulta popular de noviembre de 2025, un proceso que debió haber marcado un derrotero claro, parece haber quedado en el limbo. Sus resultados, que reflejan la voluntad ciudadana, no han sido acogidos para generar un cambio institucional, dejando al país sin una hoja de ruta definida para 2026.
Finalmente, la política internacional brilla por su ausencia. Los numerosos viajes del Presidente de la República al exterior no se traducen en una posición coherente y sólida del país ante el contexto global, sino en acciones dispersas, sin un plan que capitalice dichos encuentros en beneficio real de la nación.
Ecuador necesita un liderazgo que trascienda la coyuntura, que articule la economía, la seguridad y la justicia, y que transforme el “reprobado” de este año en una base para la rendición de cuentas y la rectificación inmediata.
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